(Artículo de Pedro J. Ramírez)
“Y te digo lo de la sede judicial porque te supongo enterado de que el propietario de El Mundo, el grupo RCS, me ha requerido, a través del despacho Uría y Menéndez, el pago de 100.000 euros como penalización por haber refutado ese párrafo del editorial en los términos antedichos. Invoca para ello, de forma inapropiada -verás que sigo versallesco- el contrato que, al poner fin a nuestra relación laboral y societaria de manera amistosa, alumbró al arponero. Pero eso sucedió una vez que, con mi expresa disconformidad, el Consejo de Administración procedió a destituirme <tras> -he aquí mi adverbio- esa <brutal campaña> iniciada por el propio Rajoy en sede parlamentaria. Recordarás que así lo especifiqué durante mis despedidas ante cientos de testigos, alguno tan cualificado como el propio consejero delegado de RCS Pietro Scott-Jovane”.
El Mundo, 2 de noviembre de 2014