Aún vemos a tesoreros, secretarios e interventores desfilando por el banquillo de los acusados. ¿Por qué ocurre?
Hay un problema de legalidad. El secretario, dentro de sus funciones, tiene el asesoramiento legal preceptivo y la fe pública. El primero está cada día más limitado, sólo actúa cuando pide el informe el alcalde o un número de concejales. En el resto de materias si no te lo piden, no es preceptivo, pues no es obligado. El problema está en hasta dónde abarca el dar fe, y ahí la jurisprudencia es vacilante, pero una cosa es que el secretario tenga que dar fe y levantar acta de los actos que aprueban los órganos colegiados o el alcalde, y otra cosa es que esté obligado a reparar la legalidad de esos actos. Se debería ir por ahí, porque si no no serviría para nada la función del secretario. Hoy por hoy, mientras no se modifique la ley, el secretario no puede intervenir más allá de lo que le dejen. De hecho, en un pleno, si se va a adoptar un acuerdo que el secretario o el interventor consideran ilegal tiene que pedir la palabra al alcalde, para que éste lo autorice y decir si esto es legal o ilegal. Cuando se sienta en un banquillo el responsable político dice «yo no soy experto en esto, no tenía por qué saber, si el secretario no me ha informado de que esto es ilegal no lo sabía». La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La mayoría de los secretarios llegan hasta lo que ellos consideran que es dar fe y el asesoramiento preceptivo. «Yo no informé porque la ley no me obligaba en este caso». Esto se debería de corregir y los secretarios e interventores deberían intervenir para evitar que se hagan estas cosas, aumentar el control.
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. Lunes, 12 de diciembre de 2016
