La Administración tiene la capacidad de conseguir cosas complejas a primera vista tales como unir en el rechazo a las entidades, la industria y los internautas, y ello gracias a la aprobada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, según la cual las webs de enlaces podrán ser perseguidas por el Estado.
Esta reforma, tal y como recoge El País en una información de Iker Seisdedos, publicada el 23 de marzo de 2013 y titulada La Administración podrá perseguir las webs de enlaces, “contempla también ir contra las empresas que coloquen publicidad en esas webs, así como sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros para los infractores graves (…)”.
Radios, televisiones, entidades de gestión, representantes del mundo del libro o internautas se han mostrado en contra de esta norma que, “se cuida de dejar fuera de la definición de páginas de enlaces a Google”.
