¿Cómo se le puede explicar tal situación a alguien que viene con toda la mejor voluntad de crear riqueza, puestos de trabajo o un nuevo elemento para que Málaga mejore como destino?
Lejos de garantizar los más delicados derechos del ciudadano, lo que se crea son unos corralitos de poder, competenciales. Imaginemos encima lo que supone la interferencia entre departamentos. Que el informe de turismo pueda ser contradictorio con el de Cultura, el de carácter arqueológico, el medioambiental… Como se garantizan todos los derechos, están garantizados indirectamente los intereses gremiales de cada uno de estos círculos de poder. El funcionario es también víctima. El problema está en quién ha organizado el sistema. Y desmontar esta infraestructura es inviable. La conclusión es que nadie se quiere mojar a la hora de hacer un informe, porque en muchos casos ha terminado hasta por judicializarse el día a día de la administración local. Todos los organismos de los que el Estado se ha dotado para un mayor control se han convertido en las mil ramas de un Gran Hermano vigilando cientos de normativas que hay que cumplir. Incumplir cualquier detalle puede encima llevarte ante un tribunal. Esto es lo que genera tanta esterilidad, esa excesiva burocracia.
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. Domingo 18 de junio de 2017
